PONENCIA DEL COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL
ARTURO PÉREZ PÉREZ
EN EL FORO “DIÁLOGOS POR
La inseguridad en México es ya una amenaza para la estabilidad política y social del país: las cifras que arroja la llamada guerra contra el crimen organizado auspiciada por el gobierno de Felipe Calderón, son precisamente de una nación en guerra, ensangrentada.
Del 1 de diciembre del 2006 al 31 de julio de este año, en todo el país se han registrado 28 mil 353 homicidios vinculados con el crimen organizado, así lo reconoció el propio secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Nacional, Alejando Poiré Romero, en la reunión de evaluación del Diálogo por
Organismos no gubernamentales como la organización Causa en Común, dirigida por María Elena Morera, lanzan una seria advertencia de la magnitud de este baño de sangre para el fin del sexenio de Calderón que podría cerrar con más de 70 mil muertos. Lo anterior, si continúan los actuales índices de violencia que registran.
El gobierno federal afirma que “vamos ganando la lucha anticrimen” cuando la ola de hechos violentos contra ciudadanos inermes –ya no entre bandas delincuenciales- crece de manera cotidiana; ahí está el horrendo ejemplo de la matanza de los 72 indocumentados en Tamaulipas en días pasados.
El empresario Alejandro Martí, dirigente de S.O.S. advirtió que en el país se ha desatado una guerra civil y las autoridades han sido omisas a la hora de privilegiar la seguridad y la paz social, pues los políticos primero anteponen sus ambiciones personales. La activista por la lucha en contra de los secuestros, Isabel Miranda de Wallace, advierte que cada vez más se revelan casos donde los policías traicionan la confianza de la ciudadanía, al involucrarse en delitos.
El estado de Veracruz no es ajeno a este escenario violento. El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de
En Veracruz vivimos un ambiente de seguridad, la delincuencia en sus diferentes expresiones ha crecido notablemente durante los últimos años. El propio investigador señala que este aumento de delincuencia se genera en contraste con el aumento de recursos destinados para mejorar las corporaciones policiacas, lo que evidencia que el número de presupuesto y del número de policías en Veracruz no garantiza el control del delito.
De ahí la necesidad de una evaluación más minuciosa en los sistemas de seguridad, ya que actualmente la policía sufre una crisis organizacional especialmente en su componente en las corporaciones intermunicipales; prueba de ello señaló, es la precariedad de sus salarios en contraste con el aumento de recursos destinados a estas corporaciones policiacas.
Frente a esta realidad, el gobernador Fidel Herrera ha asumido un comportamiento de minimizar elproblema de la violencia y la inseguridad que se vive en Veracruz. Faltó a su obligación constitucional de garantizar la seguridad de sus representados, de preservarlos de la violencia, de mantener el estado de derecho, de modernizar las leyes y salvaguardar su aplicación.
El pasado martes 10 de abril Fidel Herrera, llegó al extremo de acusar a los medios de comunicación de magnificar los hechos de violencia que se registran en la entidad, calificó como una “hiper-propagandización” la que realizan los medios de comunicación de las ejecuciones registradas en Veracruz.
En menos de 5 años, Veracruz pasó del 6 al 14 lugar como estado más seguro del país.
Ante este escenario de violencia e inseguridad, el Partido del Trabajo propone que se haga a un lado la disputa entre el gobierno federal y el gobierno del estado por el control político del estado, que ha impedido la adopción de una política de Estado integral en materia de seguridad.
Hasta ahora el esquema ha sido de una política pública parcial, ineficiente y delegativa que no contribuye de forma decidida a la construcción de un sistema nacional de seguridad pública.
La falta de cooperación entre los tres niveles de gobierno es la debilidad mayor de la estrategia mexicana actual en su guerra contra el narco. La estrategia federal no cuenta con la colaboración de estados y municipios. En Veracruz el gobierno del estado se lava las manos al evadir su responsabilidad en el combate de los delitos del fuero federal.
El Partido del Trabajo asume que el problema de la inseguridad y la delincuencia está profundamente vinculado con la pobreza y la marginación que se convierten en un escenario fértil para los grupos delictivos. Se requiere una política de Estado orientada a revertir las profundas desigualdades sociales.
A los jóvenes de hoy es necesario atenderlos, no los marginemos truncándoles oportunidades para el estudio profesional y su desarrollo. Es urgente reducir los índices de desempleo con un crecimiento económico acelerado. Es necesario incrementar la presencia policiaca con más capacidad de intervención, despliegue y tecnología.
Es imperativo introducir las bases para desarrollar una política integral de Prevención Social del delito como obligación del Estado, y crear mecanismos ciudadanos para la evaluación de la actuación de los cuerpos policiacos con base en el control, la rendición de cuentas y la transparencia.
Además, se requiere regular la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública considerando la selección, ingreso, promoción, permanencia y certificación, e instaurar la evaluación de las políticas, resultados y costos de la seguridad pública por parte del Poder Legislativo.
El Partido del Trabajo hace un llamado a establecer compromisos y acuerdos serios por la seguridad de nuestros conciudadanos, que estos llamados “Diálogos por la seguridad” no se conviertan sólo en escaparate publicitario de un gobierno estatal que hasta ahora ha demostrado su absoluta ineficacia para atender este problema que es crucial para el presente y la viabilidad de la propia sociedad veracruzana.
No dejemos que el tejido social se descomponga.
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